El rumor del que hablamos el domingo pasado finalmente se transformó en realidad: varias empresas vinculadas con el grupo Isaías -los ex directivos del quebrado Filanbanco-, entre ellas dos canales de televisión y una emisora radial, fueron incautadas esta madrugada por la AGD.
Cuando se habla de medios de comunicación inevitablemente hay que referirse a la libertad de expresión y concretamente a la libertad de prensa. Lo que no siempre se dice es que la contrapartida de este derecho, que es privilegio de los comunicadores y que, sin duda tiene importancia central en el control y legitimación de la democracia, es el derecho que tienen los ciudadanos a la información genuina respecto a los acontecimientos de trascendencia pública. La imparcialidad en la difusión de datos se ve cuestionada cuando el que se ha llamado "cuarto poder del Estado" se concentra a su vez en los núcleos de poder económico, que es justamente lo que sucede en nuestro país: no se puede cerrar los ojos y negar que canales de televisión como Teleamazonas estén vinculados, en este caso, con el Banco del Pichincha, y en el caso de las ahora embargadas terminales, con otro gran oligopolio, el grupo Isaías, que cuenta con alrededor de 200 empresas entre las que además se cuenta un ingenio azucarero, una industria láctea y el sistema más importante de televisión pagada.
Pues bien, el poder de la información es insospechadamente abrumador, pero perturba más todavía saber que gran parte de lo que se llama "opinión pública" es en realidad un discurso que responde a intereses creados y que a través de las mejores y más eficientes herramientas de publicidad, se inserta en las mentes de las masas. Un medio de comunicación puede, por ejemplo, posicionar a un aspirante político de manera artificial, aunque no responda a los intereses de los electores y así mismo puede destruir la reputación de un ciudadano presentando información fragmentada y tendenciosa; lo cual violenta uno de los derechos fundamentales más importantes de las personas: el derecho al debido proceso que a su vez incluye al principio de inocencia . El cuadro empeora notablemente si nos imaginamos que un mismo individuo puede ser atacado constamente por un canal de televisión, un diario impreso y una radio, esto sin tomar en cuenta el control que el poder económico ejerce sobre la administración de justicia. Los medios de comunicación se anticipan a la justicia estatal -aceptando que gran parte de la responsabilidad es del propio sistema judicial que peca de lento e ineficiente-, adelantan las sentencias y simplifican los hechos para poder presentarlos al público a manera de producto digerible, o en otras palabras, de espectáculo; todo esto sin permitirle al afectado ejercer plenamente su derecho de contradicción.
Debemos, pues, tener presente que la libertad de prensa termina donde empiezan los derechos de los ciudadanos y no puede deslindarse del deber a ofrecer información comprobada y transparente al público. De hecho estas referencias ni siquiera son necesarias en el caso que nos ocupa, pero hay que hacerlas porque no han sido pocos quienes han relacionado las medidas cautelares -de carácter económico, no de censura- que ha aplicado la AGD con éste, que parece aproximarse a ser el derecho más absoluto e inmune a excepciones: la libertad de prensa.
Los medios en cuestión confunden a la audiencia utilizando términos como "confiscación" el cual hace referencia a la apropiación por parte del Estado de los bienes materia de un delito económico, como puede ser la evasión de rubros aduaneros. En realidad se trata de un proceso cautelar, como mencionamos, que está previsto en la Ley de Reordenamiento en Materia Económica y que otorga este tipo de atribuciones a la Agencia de Garantía de Depósitos y a la Superintendencia de Bancos. No solamente los canales de televisión fueron incautados, sino también otras empresas -algunas de las cuales podrían estar a nombre de testaferros- que forman parte del patrimonio con el cual los ex directivos de Filanbanco deben responderle al Estado, deuda que asciende a más de 600 millones de dolares -sí, como leyeron-. Los bienes pasarán a formar parte de un fideicomiso -administración de bienes- mientras se compruebe su titularidad.
No quisiera pensar que la ciudadanía ha olvidado ya el negro feriado bancario de los 90, en el que el dinero de miles de personas fue "congelado" y utilizado para llenar vacíos financieros producto de los manejos dolosos de los banqueros y le costó al país cerca de 5 000 millones de dólares. En ese entonces nadie habló de "atentado contra la propiedad privada" aunque fue evidente la inconstitucionalidad de las medidas implementadas. Parece que a los funcionarios públicos de ese tiempo les tembló la mano en el momento de tomar medidas contra uno de los enclaves económicos más importantes del país.
Referencias:
Diario El Tiempo
Diario El Comercio
Diario El Universo
AGD
Lee también: Libertinaje de prensa: atropellando los derechos humanos
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Listening to: Franz Ferdinand - Take Me Out
via FoxyTunes
Cuando se habla de medios de comunicación inevitablemente hay que referirse a la libertad de expresión y concretamente a la libertad de prensa. Lo que no siempre se dice es que la contrapartida de este derecho, que es privilegio de los comunicadores y que, sin duda tiene importancia central en el control y legitimación de la democracia, es el derecho que tienen los ciudadanos a la información genuina respecto a los acontecimientos de trascendencia pública. La imparcialidad en la difusión de datos se ve cuestionada cuando el que se ha llamado "cuarto poder del Estado" se concentra a su vez en los núcleos de poder económico, que es justamente lo que sucede en nuestro país: no se puede cerrar los ojos y negar que canales de televisión como Teleamazonas estén vinculados, en este caso, con el Banco del Pichincha, y en el caso de las ahora embargadas terminales, con otro gran oligopolio, el grupo Isaías, que cuenta con alrededor de 200 empresas entre las que además se cuenta un ingenio azucarero, una industria láctea y el sistema más importante de televisión pagada.
Pues bien, el poder de la información es insospechadamente abrumador, pero perturba más todavía saber que gran parte de lo que se llama "opinión pública" es en realidad un discurso que responde a intereses creados y que a través de las mejores y más eficientes herramientas de publicidad, se inserta en las mentes de las masas. Un medio de comunicación puede, por ejemplo, posicionar a un aspirante político de manera artificial, aunque no responda a los intereses de los electores y así mismo puede destruir la reputación de un ciudadano presentando información fragmentada y tendenciosa; lo cual violenta uno de los derechos fundamentales más importantes de las personas: el derecho al debido proceso que a su vez incluye al principio de inocencia . El cuadro empeora notablemente si nos imaginamos que un mismo individuo puede ser atacado constamente por un canal de televisión, un diario impreso y una radio, esto sin tomar en cuenta el control que el poder económico ejerce sobre la administración de justicia. Los medios de comunicación se anticipan a la justicia estatal -aceptando que gran parte de la responsabilidad es del propio sistema judicial que peca de lento e ineficiente-, adelantan las sentencias y simplifican los hechos para poder presentarlos al público a manera de producto digerible, o en otras palabras, de espectáculo; todo esto sin permitirle al afectado ejercer plenamente su derecho de contradicción.
Debemos, pues, tener presente que la libertad de prensa termina donde empiezan los derechos de los ciudadanos y no puede deslindarse del deber a ofrecer información comprobada y transparente al público. De hecho estas referencias ni siquiera son necesarias en el caso que nos ocupa, pero hay que hacerlas porque no han sido pocos quienes han relacionado las medidas cautelares -de carácter económico, no de censura- que ha aplicado la AGD con éste, que parece aproximarse a ser el derecho más absoluto e inmune a excepciones: la libertad de prensa.
Los medios en cuestión confunden a la audiencia utilizando términos como "confiscación" el cual hace referencia a la apropiación por parte del Estado de los bienes materia de un delito económico, como puede ser la evasión de rubros aduaneros. En realidad se trata de un proceso cautelar, como mencionamos, que está previsto en la Ley de Reordenamiento en Materia Económica y que otorga este tipo de atribuciones a la Agencia de Garantía de Depósitos y a la Superintendencia de Bancos. No solamente los canales de televisión fueron incautados, sino también otras empresas -algunas de las cuales podrían estar a nombre de testaferros- que forman parte del patrimonio con el cual los ex directivos de Filanbanco deben responderle al Estado, deuda que asciende a más de 600 millones de dolares -sí, como leyeron-. Los bienes pasarán a formar parte de un fideicomiso -administración de bienes- mientras se compruebe su titularidad.
No quisiera pensar que la ciudadanía ha olvidado ya el negro feriado bancario de los 90, en el que el dinero de miles de personas fue "congelado" y utilizado para llenar vacíos financieros producto de los manejos dolosos de los banqueros y le costó al país cerca de 5 000 millones de dólares. En ese entonces nadie habló de "atentado contra la propiedad privada" aunque fue evidente la inconstitucionalidad de las medidas implementadas. Parece que a los funcionarios públicos de ese tiempo les tembló la mano en el momento de tomar medidas contra uno de los enclaves económicos más importantes del país.
Referencias:
Diario El Tiempo
Diario El Comercio
Diario El Universo
AGD
Lee también: Libertinaje de prensa: atropellando los derechos humanos
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