Las discusiones sobre la crisis ecológica que atraviesa el planeta no son nuevas y tampoco han escapado a la manipulación mediática como instrumento para la protección de los intereses de las élites económicas. La cuestión del agua, que aparece entre los temas importantes tratados en el proyecto de Constitución, tiene una insospechada trascendencia y por tanto es indispensable que nos informemos al respecto.
Para comenzar hay que tener en cuenta que de toda el agua que existe en el planeta, únicamente el 2,5% es agua dulce, y cerca de la mitad de sus fuentes se encuentran en Sudamérica. A través del tiempo, el agua ha dejado de ser un recurso renovable y el mundo se enfrenta a una inminente escasez que en pocos años podría agravarse en extremo. Se calcula, por ejemplo, que más del 50% de las fuentes naturales de agua en Medio Oriente están agotadas, al igual que el 41% de las de Europa del Este. Las consecuencias de la esacasez son lógicamente desastrosas: desertificación, pérdida de ecosistemas, déficit de producción de alimentos, aumento de enfermedades infecciosas, etc., todo lo cual, en el peor de los escenarios puede conducir a una
guerra civil internacional
.
Si bien no falta quien niegue la gravedad del problema, lo cierto es que al tratarse de un recurso cada vez menos abundante, que en poco tiempo tendrá tanto o más valor que el petróleo, el agua se encuentra en la mira de los grupos de poder que promueven diversos mecanismos para controlar su manejo, por ejemplo, a través de las privatizaciones. Si el agua se convierte en propiedad exclusiva de una empresa o grupo de empresas, quienes estén a la cabeza podrán distribuirla a discreción y fijar precios arbitrariamente, quedando, consecuentemente, fuera del alcance de los sectores más empobrecidos de la comunidad.
En este contexto resulta comprensible el interés de las potencias económicas por brindar "protección militar" a las zonas fluviales de Sudamérica, así como las continuas recomendaciones del FMI y el BM a los Estados deudores en el sentido de impulsar la privatización del mencionado recurso natural.
La Nueva Constitución de la República toma cartas en el asunto, en un artículo que podría considerarse uno de los grandes logros de la Asamblea Constituyente:
Art. 318
El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua.
La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias.
El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios.
El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley.
El moderno pensamiento social apuesta por los sistemas comunitarios de administración de recursos y el éxito del manejo local del agua se encuentra respaldado por estudios como los del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Canadá), de acuerdo con los cuales estos mecanismos hacen más sustentable la utilización del agua y benefician a los más pobres.
Uno de los deberes supremos del Estado es garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, y en este caso, al ser indispensable para su supervivencia, el acceso al agua necesariamente debe considerarse un derecho básico e inalienable; no susceptible de apropiación comercial, que es justamente lo que busca el proyecto de Constitución.
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De interés:
International Development Research Center
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