El Derecho es una Ciencia. No en el mismo sentido que la Física o la Química son Ciencias, pero es un estudio especializado dentro de un área social del conocimiento. Mi profesor de Título Preliminar, el Doctor Hernán Coello García, que en paz descanse, siempre decía que "el derecho no debe tocarse con manos sin lavar". Y la forma de lavarse las manos es estudiar a conciencia todos los años de la carrera.

Más allá de los intereses políticos y de las opiniones y visiones sociológicas que se pueden tener sobre un asunto importante para el país, me gustaría, brevemente, mencionar mis primeras impresiones acerca de la Consulta Popular y Referéndum que ha anunciado el gobierno, aunque todavía me faltan algunos elementos de convicción para formarme una opinión más sólida. 

Considero, como profesional, que el Derecho Penal siempre debe someterse al principio de ultima ratio, esto es, la intervención del poder punitivo del Estado debe ser mínima en el momento en que se pone en juego la libertad de los seres humanos. 

Me sorprendió, por ejemplo, el punto en el que se pregunta si el "enriquecimiento privado injustificado" debe ser un delito. Recordemos que los tipos penales sancionan conductas que representan un riesgo grave para la sociedad en su conjunto, y en la expresión "enriquecimiento privado" pueden entenderse comprendidas una serie de situaciones, como el mero hecho de no haber pagado una letra de cambio cuya acción ejecutiva ha prescrito u otra obligación cualquiera. A mi criterio, este tipo de hechos se mantienen en el interés privado de las partes, y deben seguir siendo regulados únicamente por el Derecho Civil, ya que de haber otros elementos que hacen la conducta más peligrosa, contamos ya con tipos penales como la estafa y el abuso de confianza.

Se mencionó también la posibilidad de tipificar como delito el no pago de la afiliación al seguro social por parte de los empleadores. No comprendo la ratio legis en este caso, pues si bien nos encontramos dentro de una rama del Derecho Social, que está llamada a proteger a la parte más débil de la relación jurídica, verbigracia, el trabajador; el Código del Trabajo contiene una serie de principios y garantías que tienen precisamente el objeto de precautelar los derechos que a él le asisten, a través de sanciones pecuniarias para el patrón incumplido. No estoy segura de que una pena privativa de la libertad realmente pueda solucionar el problema laboral, que es de otra naturaleza, no criminal.

Alejándose de la doctrina difundida en las propias publicaciones del Ministerio de Justicia e incluso del proyecto de Código de Garantías Penales que fue prologado por Zaffaroni y dirigido por Ramiro Ávila -desdichadamente parece que ya no ha de regir-, se diría que la tendencia gobiernista ahora apuesta por penalizarlo todo, sabiendo que ni el endurecimiento de las penas ni la tipificación de más y más conductas, ha sido nunca, históricamente, un remedio eficaz para los males que aquejan a la sociedad ni, específicamente, para reducir la violencia. Las intenciones pueden ser buenas, pero no sólo deben ser buenas sino también ilustradas; además, estas iniciativas corresponden a los llamados a actuar en este ámbito dentro del sistema democrático, es decir, los legisladores.

Por otra parte, se busca incluir en el mismo proceso electoral una serie de temas poco relacionados entre sí, como la cuestión de la tortura a los animales y los juegos de azar. No necesito repetir mi postura política frente a los intereses de los animales, pero no estoy segura de que un sólo referéndum deba reunir tópicos tan disímiles, pues se vuelve confuso. Noté en Twitter, comunidad  que incluye a muchos universitarios y profesionales, que la noción de "delito" es muy ambigua y en ciertos casos del todo errónea. No se comprende el alcance de la consulta, y dudo que para otros sectores menos informados sean inteligibles las preguntas. Aunque podría decirse que este es un problema de todo proceso electoral en nuestro país, y ahí vienen las siempre renovadas críticas al sistema democrático.

Pero por lo visto, la democracia ecuatoriana es tan inmadura que no confía ni en sí misma. Queremos revocar el mandato de todos aquellos que no nos agraden, no podemos aceptar la derrota ideológica en las urnas, la oposición es débil y poco erudita; en suma, se vota pero no se elige. El gobierno busca legitimarse políticamente, y eso no está mal, pero no debe hacerse a costa de la Ciencia Jurídica y de los principios universales de derechos humanos. Alargar los plazos de la prisión preventiva, por ejemplo, es retroceder siglos en materia de derechos fundamentales y retomar caminos que en el pasado ya fueron propuestos por los actores de la "larga noche neoliberal" y deslegitimados por la justicia constitucional.

Son algunas ideas que se me han venido a la mente y que escribo de forma espontánea y rápida. Ideas que se me ocurren en base a mi modesta experiencia profesional y los estudios que he podido cursar en estos años. Confío en ir completando poco a poco el debate, y los invito a compartir sus impresiones en los comentarios.