El proyecto de Ley de Comunicación ha despertado una serie de argumentaciones en el seno de los medios de comunicación y sus actores: periodistas, empresarios y otros profesionales.  La "libertad de prensa" es invocada continuamente como escudo protector contra el control que se quiere implementar a través de la creación de un nuevo organismo fiscalizador, el Consejo Nacional de Comunicaciones. Es natural que un intento de intervención estatal en los contenidos que se difunden despierte recelo entre los aludidos, sobre todo si tomamos en cuenta que la empresa privada, por su propia naturaleza, tiene como objetivo principal el lucro; lo cual en el contexto económico actual no es negativo en sí, pero tiene una serie de incidencias en cuanto a la calidad de las transmisiones, a la transparencia de la información y a la imparcialidad periodística.

Tenemos que ser honestos y aceptar que el periodismo ecuatoriano deja mucho que desear en cuanto a ética profesional.  Poniendo a un lado los errores gramaticales e incluso ortográficos que se ven todos los días en la prensa, las muchas veces que se omite la fuente y los comentarios fuera de contexto que suelen pronunciar los locutores de noticias*, es evidente que los medios ecuatorianos adolecen de males que prácticamente los descalifican como fuentes confiables de información, y entre ellos podemos encontrar ante todo una tendencia a meter en el mismo saco los datos informativos y las opiniones de sus editores, generando noticias sesgadas.  Nadie podría estar en contra de que un periodista emita comentarios sobre los acontecimientos de trascendencia nacional, pero no se puede confundir al público cuando se deja de aclarar si lo que consta en un artículo es un hecho o un aporte personal.  En este contexto una de las faltas más graves que cometen los medios diariamente consiste en violentar el derecho a la presunción de inocencia del que gozamos todos los ciudadanos, sentenciando y condenando a los individuos antes de la intervención de la justicia y el desarrollo de un proceso legal; lo cual provoca una herida terrible en el honor de la persona afectada.

Ojo a la hoja es el blog del periodista ecuatoriano José Villamarín.  En él podemos encontrar una serie de perlas extraídas todos los días de los medios nacionales, en las que se evidencian los problemas ya indicados.  En principio resulta hasta ameno constatar lo que muchas veces es ingenuidad de editores con poca preparación profesional y quizá ninguna experiencia en escribir textos, pero después termina siendo seriamente preocupante porque se comprende que nuestra prensa "profesional" no sólo es amateur, sino que muchas veces omite, agrega y selecciona intencionalmente, tendenciosamente, con designios que no son precisamente la entrega de información imparcial a los ciudadanos.

¿Podemos confiar en las palabras de quien nos informa con errores de concordancia en género y número?  Tal vez sí, aunque personalmente sospecho de quien no sabe manejar correctamente el idioma, sobre todo si esa es su profesión. ¿Podemos confiar en las palabras de quien omite noticias importantes y añade epítetos y adjetivos a los titulares, guiando al público hacia la toma de postura, en lugar de informar llanamente?  Definitivamente no.  Las intenciones políticas no deben estar solapadas bajo el sello de la libertad de prensa.  Ellas deben ser frontales, claras, explícitas.  El verdadero ejercicio de la libertad de expresión consiste justamente en la facultad de tener criterio, de poder gritarlo a los cuatro vientos y también de ser responsable por haberlo emitido.

El tema de cómo se conformará formalmente la nueva ley, el porcentaje de participación de los diversos sectores políticos en su aprobación, y la coherencia de las normas con los principios constitucionales, es otro punto que merece tratamiento aparte.  Pero que no se nos quiera hacer creer que los medios no deben ser fiscalizados.  La información tiene una importancia que muchas veces sobrepasa la del dinero y las propiedades, y a nadie se le va a ocurrir decir que la superintendencia de bancos o el registro de la propiedad sean instituciones que atentan contra las libertades ciudadanas.

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* Hoy uno de los titulares en TC televisión rezaba: "Después del gusto viene el susto", refiriéndose a un sujeto acusado de violación, en Ibarra.